El 1 de junio de 2023 entró en vigor la Ley del Aborto, que incluyó la posibilidad de solicitar una baja por menstruación incapacitante. Esta baja puede ser solicitada por personas que cuenten con un diagnóstico médico de dismenorrea secundaria, una menstruación dolorosa asociada a patologías como endometriosis, miomas, adenomiosis, inflamación pélvica, pólipos endometriales, ovarios poliquísticos, entre otras dolencias.

Duración y prestación económica

La duración de esta baja está establecida en dos o tres días, y puede extenderse mientras duren los síntomas asociados a la menstruación. La prestación económica asociada a esta incapacidad temporal es abonada por la Seguridad Social desde el primer día de la baja.

Controversias 

La ley no ha estado exenta de polémica. Una de las preocupaciones es que las empresas podrían conocer el motivo de la baja a través del código identificativo utilizado por la Seguridad Social, lo que podría resultar en discriminación hacia las mujeres afectadas.

Desde la entrada en vigor de la norma, se han tramitado 1.418 bajas con una duración media de tres días, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. Este número es considerablemente bajo en comparación con el total de 8,8 millones de procesos de baja iniciados en el último año. Esto representa una cifra mínima respecto al total de mujeres laboralmente activas que podrían experimentar este tipo de dolores. En el momento de aprobar la norma, el Ministerio de Igualdad estimó que unas 6 millones de mujeres en el rango de edad de 16-50 años podrían estar en riesgo, con un 1% potencialmente sufriendo reglas incapacitantes.

Necesidades Futuras

Uno de los factores que podría explicar el bajo número de bajas es el infradiagnóstico médico. Para que el médico de cabecera emita el parte, es necesario contar con una patología previa reconocida, como la endometriosis. Además, estudios indican que hasta el 49% de las mujeres sufre reglas dolorosas, con un porcentaje que asciende al 76% entre las más jóvenes.

Es evidente que se debe continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de las mujeres afectadas por este tipo de bajas y asegurar que la normativa sea utilizada de manera efectiva para apoyar a quienes lo necesiten.

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